Además de ampliar el catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva, se prohibió a los órganos del Estado (jueces y fiscalías) realizar interpretaciones tendientes a no aplicar esa medida.
Con 335 votos a favor y 108 votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 19 de la Constitución para incluir nuevos delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa, entre ellos la extorsión, el contrabando y delitos relacionados con el fentanilo y drogas sintéticas.
La reforma, que fue remitida al Senado, incluyó además el mandato a los jueces para que, en cualquier caso que se les presente sobre esos y otros delitos graves incluidos en el catálogo, ordenen prisión; en tanto, a otros órganos del Estado se les prohibió realizar interpretaciones con el fin de dejar de aplicar la sanción.
Los delitos que fueron incluidos como ilícitos graves merecedores de prisión preventiva oficiosa son: extorsión y los relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo.
Eso incluye la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento, así como la distribución de precursores y de químicos esenciales empleados para la fabricación de esas sustancias.
Además el contrabando, la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley.
Tras casi ocho horas de debate, el diputado Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, propuso –y se aprobó– eliminar dos delitos que estaban incluidos en el dictamen original: la defraudación fiscal y el narcomenudeo.
La explicación para retirar el narcomenudeo fue que en Morena optarán por dar “un tratamiento social” a ese delito.
La exclusión de la defraudación fiscal como delito grave que amerita cárcel preventiva oficiosa se debió, explicó Monreal, a que se ha platicado con diversos sectores económicos y “en este momento se necesita unidad nacional”.
Una tercera reserva aceptada fue para que no sólo haya prisión preventiva oficiosa para los distribuidores de precursores de drogas sintéticas sino también de “químicos esenciales” que tienen el mismo fin.
Admite Morena crisis por extorsión
Las bancadas de Morena y aliados defendieron la enmienda ante el incremento del delito, sobretodo el de extorsión, que consideraron un cáncer social.
“La verdad, es que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, lo necesitamos”, admitió el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy.
“La extorsión, en su modalidad de pago de piso, es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para los empresarios, para los trabajadores, para los productores, para los comerciantes, para los gobiernos municipales y se debe de sancionar”, dijo.
De igual modo el partido del Trabajo (PT) admitió que “la extorsión es un impuesto criminal»:
«Los criminales confiscan ingresos legítimos de millones de mexicanos. Hay organizaciones delictivas que han construido un imperio criminal, cobran extorsión por el huevo, por el pollo, por la carne, por el refresco, por el cemento”, señaló Ricardo Mejía Berdeja.
Hasta el PVEM denunció, en voz de Erika Santana, que sus compañeros empresarios y sus empleados son extorsionados y son los criminales quienes rigen el mercado,
“En un estudio reciente del Senado de la República revela que, entre enero del 2018 y octubre del 2023, la incidencia en la extorsión en nuestro país aumentó en un alarmante 26%. Por su parte, el delito de narcomenudeo ha registrado un incremento del 28% en el mismo periodo”, dijo la diputada verde.
La oposición admitió la ola criminal en México pero argumentó contra la reforma no porque no busque perseguir el delito, sino porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México modularla; que no sea una medida generalizada.
La CIDH sentenció que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos pues es contraria al derecho de libertad personal y va en contra de la presunción de inocencia, pues se mantiene encarcelados durante años a los presuntos responsables, sin pruebas ni sentencia que los determine como culpables.
Diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y MC alertaron que la prisión preventiva oficiosa es el arma usada para fabricar delitos y perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Le mueven comas a AMLO
La discusión se prolongó durante nueve horas, en lo general y en lo particular, y se aceptaron tres reservas, presentadas por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien propuso eliminar de la propuesta original el delito de defraudación fiscal y el de narcomenudeo como susceptibles de prisión preventiva oficiosa.
Así, la reforma, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue cambiada y se eliminaron ambos delitos del catálogo de ilícitos graves por los que procede la prisión preventiva oficiosa.
La iniciativa también fue modificada durante la dictaminación, a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales, pues se introdujo en el artículo 19 de la Constitución un párrafo para prohibir que vía interpretaciones se pretenda no aplicar ese tipo de prisión oficiosa.
“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo (donde constan los delitos graves que merecerán prisión preventiva oficiosa), los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda determinar inaplicar, suspender o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”, se estableció.
Este punto fue cuestionado en particular por la diputada del PAN Margarita Zavala, pues “lo que hacen es prohibirle a los jueces y a las juezas interpretar con perspectiva de género”.
“Es gravísimo, es gravísimo que ahorita se les prohíba a los jueces interpretar. Es gravísimo este dictamen porque desaparece la facultad interpretativa y con ella la facultad de la perspectiva de género”, reclamó.
Más del 50 % de las mujeres que están privadas de la libertad en México se encuentran bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, que es una tasa mayor a la de los hombres, recordó la diputada Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano.
La reforma no bajará la inseguridad, pues la prisión preventiva oficiosa “no mejora la justicia, no mejora la impunidad. Lo que sí hace, es violar derechos humanos, principios constitucionales y tratados y convenios internacionales”, sostuvo la emecista.
Recordó que en 2019 se amplió el catálogo de delitos que ameritan sancionados con prisión preventiva oficiosa y se acordó que en cinco años se rendiría un informe de sus resultados, pero no hubo tal.
“Esta evaluación venció el 12 de abril de este año 2024. Se debieron rendir los informes, se debió de establecer la eficiencia de esta medida cautelar. ¿Y qué paso? No se revisó, no se rindieron los informes y se recurre a lo más fácil, meter más delitos al catálogo”, cuestionó César Alejandro Domínguez, del PRI.
Tampoco vio el priista avance en la enmienda, y recordó que la misma CIDH ha delineado que la prisión debe justificarse con tres parámetros, incumplidos en México: “estar en condiciones de sustraerse la acción de la justicia, poner en riesgo a la víctima y a los testigos y; afectar el desarrollo del proceso”.