La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigió a Telcel registros telefónicos de una aspirante presidencial, el encargado de aduanas, al menos tres alcaldes de la capital y poderosos integrantes de Morena, revela hoy el diario estadounidense The New York Times, según el cual, Telcel entregó dichos registros.
El medio estadounidense revisó expedientes judiciales y encontró que la fiscalía reclamó a Telcel, la mayor empresa de telecomunicaciones de México, que le entregara los registros telefónicos y de mensajes de texto, además de datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados, incluyendo la exaspirante presidencial Lily Téllez, el alcalde de Benito Juárez en la CDMX, Santiago Taboada, y Horacio Duarte, un aliado de Morena que dirigió la agencia aduanera de México en 2022.
El espionaje, desde 2021 y hasta principios de este año, no sólo incluyó a opositores, sino a aliados del partido gobernante, Morena. De acuerdo con la documentación revisada por el Times, la fiscalía alegó que requería esa información en relación investigaciones de secuestros y desapariciones.
El Times solicitó la reacción de la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy. La oficina de la fiscalía rechazó tener carpetas de investigación por tales delitos y desmintió “categóricamente” haber requerido la información telefónica de los funcionarios y políticos mencionados en la documentación.
“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona”, dijo la fiscalía. “Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.
Juez declara que FGJCDMX sí pidió registros
El Times señala que pese a las declaraciones de la Fiscalía, un juez federal declaró este año que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sí había solicitado a Telcel la entrega de los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda contra la Procuraduría General de la República interpuesta por Taboada, que había sido nombrado en 14 registros judiciales revisados por el medio estadounidense.
«Se está utilizando el sistema judicial para perseguir a los políticos», dijo Taboada, uno de los aspirantes del frente opositor al gobierno de la Ciudad de México para 2024.
“No es normal que ocurran estas cosas, que por tus aspiraciones tengas al gobierno respirándote en la nuca”, dijo.
Aunque en casos de emergencia, como secuestros, la ley mexicana permite a los investigadores obtener inmediatamente registros telefónicos sin orden judicial, los fiscales están obligados a obtener una orden de un juez judicial en un plazo de 48 horas después de ponerse en contacto con las empresas de telecomunicaciones, algo que la Procuraduría General de la República no hizo en este caso, subrayó el Times. En los expedientes judiciales, los abogados de Telcel afirmaron que nunca recibieron una orden de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados.
El Times buscó una respuesta de Telcel, sin éxito.
“El presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno”, dijo Higinio Martínez Miranda, senador del partido gobernante Morena que representa al Estado de México, al Times. Los datos de su teléfono celular de octubre de 2021 a enero de 2022 fueron obtenidos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con las presentaciones judiciales de Telcel.
“Es lamentable, condenable”, dijo. El Sr. Martínez negó cualquier delito y dijo que no tenía ni idea de que estaba siendo investigado hasta que fue informado por los periodistas del Times.
Taboada fue monitoreado en 2021, señaló el Times, pero no fue sino más de un año después que se enteró y presentó una demanda.
Justo en los documentos judiciales relacionados con la demanda es donde Telcel reconoció que había proporcionado los registros telefónicos del Sr. Taboada a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en respuesta a 14 órdenes relacionadas con secuestros, y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima por el mismo caso.
Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un aliado de Morena que dirigía la agencia de aduanas de México en la época de 2022, de acuerdo con los registros que revisó el Times.
La senadora Lilly Téllez y Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada y firme opositora de Claudia Sheinbaum, ex alcaldesa de Ciudad de México y candidata del partido gobernante a las elecciones presidenciales del próximo año, también fueron vigiladas, según las órdenes escritas y los expedientes judiciales revisados por el medio estadounidense.
El año pasado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusó a la Sra. Rojo de la Vega de delitos electorales, lo que, según la Sra. Rojo de la Vega, fue una represalia política por oponerse a las políticas de la Sra. Sheinbaum. Posteriormente, un juez desestimó el caso.
Los fiscales también solicitaron los datos telefónicos de Dolores Igareda, alta funcionaria del Tribunal Supremo, y de Ricardo Amezcua, miembro del Consejo de la Judicatura de Ciudad de México, según se desprende de los expedientes y órdenes judiciales. No respondieron a las solicitudes de comentarios.