Tras un nuevo rechazo de un juez para emitir órdenes de aprehensión contra científicos, la FGR dijo que volverá a solicitarlas “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas”.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, ante la negativa de un juez de distrito de ordenar la detención de académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), solicitará, por tercera ocasión, órdenes de aprehensión contra los funcionarios, pues van “en contra de lo señalado por la ley”.
A través de un comunicado, la FGR indicó que el juez no consideró que los 31 funcionarios de Conacyt “crearon, autorizaron y fondearon” una empresa privada para después incorporarse a ella, aunque según la Fiscalía se usaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a este grupo con la “compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”.
De acuerdo con el juez, “no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza”.
“Ese criterio no es aceptable para la FGR, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada”, expresó la Fiscalía.
Por ello, la FGR volverá a solicitar las ordenes de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
En esta nota, Animal Político informó que un juez federal negó, por segunda ocasión, a la FGR girar órdenes contra los académicos, y pidió a la Fiscalía perfeccionar el caso antes de hacer un nuevo intento.
La denuncia presentada ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt.