El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que su Gobierno tiene todas las grabaciones de las conversaciones privadas del cártel Guerreros Unidos relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y está a favor de difundirlas.
“Vamos a ver porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como el debido pretexto para no dar información, para ocultar información”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.
El gobernante mexicano se refirió así a la información publicada por el periódico Milenio, que reveló la intención del Departamento de Justicia de Estados Unidos de integrar las conversaciones obtenidas de Blackberrys a la carpeta de investigación sobre el trasiego de drogas que realizaba este grupo.
López Obrador afirmó además que su Gobierno tiene “desde hace tiempo” toda la información sobre las grabaciones con las que cuenta Estados Unidos sobre el caso, pues las solicitó desde hace dos años a la vicepresidenta, Kamala Harris.
Y reiteró que “si no hay problema con los padres, claro que se dan a conocer todas”.
Asimismo, reveló que se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa por primera vez desde la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.
“Yo tengo una reunión esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos”, subrayó.
Sin embargo, destacó que las grabaciones han servido para “fundar denuncias” contra presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes y “se han utilizado en el juicio”.
Reconoció que se pensaba que existían otras grabaciones, pero el Gobierno estadounidense negó que hubiera más.
“Se suponía que faltaban porque habían clasificado grabación 1, 2. Luego nos mandaron la 5 y la 6. Entonces se preguntó qué pasaba con la 3 y la 4 y nos contestaron: no existen”, dijo.
Los padres de los estudiantes habían hecho la petición de reunirse con AMLO desde julio para conversar con el presidente sobre cómo se continuará con las investigaciones tras la salida del GIEI.
La polémica por Ayotzinapa crece porque queda un año para que López Obrador cumpla su promesa de resolver el caso durante su Gobierno, que concluyó el año pasado que fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
Además, la polémica crece desde que el GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso, abandonó México en julio pasado al denunciar la obstrucción de las Fuerzas Armadas en la investigación.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó el año pasado que la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas.